Por Andrew Scott Mansfield (Twitter/X: @andres_scott_c)
Daniel Supervielle, en un artículo para El Observador de hoy, aborda las complejidades de las políticas de ciudadanía y nacionalidad de Uruguay y sus implicaciones para la reputación global del país como una sociedad abierta.
Acogemos con agrado su incorporación al debate. Repite que Uruguay, históricamente una nación construida por inmigrantes europeos, enfrenta una nueva ola de inmigrantes, especialmente argentinos y venezolanos. A pesar de los esfuerzos por agilizar los procesos para los migrantes, como la unificación de marcos para validar credenciales académicas extranjeras, el enfoque del país hacia la ciudadanía presenta desafíos. Los migrantes solo pueden adquirir una ciudadanía legal, señala él, un estatus que limita su viaje y no equivale a una ciudadanía uruguaya completa, afectando a más de 35,000 uruguayos a quienes Uruguay les “asigna” nacionalidades extranjeras.
Esta situación obstaculiza su movilidad y desalienta a nuevos inmigrantes de elegir asentarse en Uruguay. Menciona una de las dos propuestas legislativas, pero señala correctamente la falta de urgencia política. Supervielle enfatiza la necesidad de que Uruguay resuelva estos problemas para mantener su imagen global y atraer la mano de obra extranjera esencial para su desarrollo. Acojo con gusto el artículo, pero discrepo de su conclusión de que el presidente está dispuesto a ayudar, pero el Parlamento no actúa. Los problemas de movilidad y pasaporte podrían solucionarse por decreto y con pequeños cambios administrativos por parte del presidente en una tarde. Entonces, ¿por qué no ha actuado el presidente?
El autor está con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), un centro de investigación independiente y sin fines de lucro que se centra en el análisis económico y social de las economías latinoamericanas. Esperamos que él y otros revisen toda la investigación sobre el tema en https://nacionalidad.uy y https://somostodos.uy. Esperemos que todos nuestros muchos años de investigación y esfuerzo legislativo sean considerados y que el tema sea investigado más profundamente que de manera superficial.